Las novedades sobre el absurdo conflicto de egos entre el juez brasileño
Alexandre de
Moraes y
Elon Musk, con el cambio de proveedor de red llevado a cabo por X para pasar a utilizar
Cloudflare, que ha hecho que X vuelva a estar temporalmente disponible para los ciudadanos del país, deberían servirnos para reflexionar no tanto sobre este caso concreto, sino sobre la conveniencia, en un mundo hiperconectado, de mantener la posibilidad de que un gobierno o un juez puedan tener autoridad para bloquear el acceso a una página web.
La compañía afirma que la restauración del servicio derivada de este cambio ha sido involuntaria, pero a nadie se le escapa el desafío que una acción como esta supone para la autoridad del juez, y la evidente intención de generalizar el conflicto involucrando a un actor como
Cloudflare, que provee servicios a casi el 20% de la red, y que ya en 2017 afirmó que eso de «me levanté de mala leche y decidí que la presencia de alguien no debería estar permitida en Internet» era un poder que «nadie debería tener». En este caso concreto, lo normal será que la judicatura brasileña pida a
Cloudflare que coopere para hacer efectivo el bloqueo a X y que la compañía lo haga, dado que la posibilidad que esa judicatura tendría, en caso de encontrarse con una actitud no cooperativa, de terminar bloqueando
Cloudflare sería una auténtica barbaridad que redundaría en un enorme daño para muchísimas compañías del país.