Desde hace ya algunos meses se rumoreaba que México se estaba convirtiendo en un país ideal para la localización de plantas de fabricación de vehículos eléctricos de compañías chinas, que están en fase de expansión y dispuestas a tomar el mundo por asalto. Costes laborales unitarios bajos, mano de obra cualificada, tradición industrial y un acuerdo de libre comercio con su vecino del norte, los Estados Unidos, que permitiría hipotéticamente inundar el mercado norteamericano con vehículos baratos, además de fabricar para la todavía escasa pero indudablemente creciente demanda del resto del continente.

Pero como es bien sabido, ese vecino del norte es cualquier cosa menos un vecino tranquilo: una exclusiva de Reuters revela que la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), alarmada por la posibilidad de tener fábricas de vehículos eléctricos chinos al sur de su frontera, se ha dedicado a presionar al gobierno mexicano para que no otorgue ningún tipo de subsidios a los fabricantes de automóviles eléctricos chinos, porque no puede permitir que su zona de libre comercio sea utilizada para que productos chinos puedan acceder a su mercado doméstico sin pagar aranceles.

Hasta el momento, el gobierno mexicano había ofrecido dadivosos subsidios a compañías de automoción para que instalasen factorías en su territorio.