El juicio antimonopolio que enfrenta Meta por la adquisición de Instagram y WhatsApp no es solo un caso legal: es una prueba de fuego para la integridad del sistema judicial estadounidense y la credibilidad de su política tecnológica.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusa a Meta de haber construido un monopolio ilegal al comprar estas plataformas para neutralizar a la competencia, ha sofocado la innovación y perjudicado a los consumidores.

Las instituciones financieras contemporáneas se enfrentan a un entorno regulatorio que se torna cada vez más complejo, demandando mecanismos de cumplimiento que sean tanto robustos como eficientes. Históricamente, estas organizaciones han dedicado innumerables horas a revisar normativas clave, como las Normas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y el Acta de Secreto Bancario (BSA).

La guerra comercial entre Estados Unidos y buena parte del mundo ya no es una amenaza latente: está ocurriendo, y Europa forma parte del tablero. En el último tiempo, la administración de Donald Trump ha lanzado tres ofensivas directas contra la Unión Europea. Primero impuso aranceles del 25% al acero y al aluminio; luego hizo lo mismo con los coches, y ahora ha sumado los llamados aranceles recíprocos del 20%. Bruselas ha decidido contestar.

Primer paso en firme.

Las grandes tecnológicas de Silicon Valley han pasado de corromper el debate público con prácticas irresponsables, a intervenir directamente en la política estadounidense.

Durante años, sus plataformas alimentaron la desinformación y la polarización en aras del lucro, preparando el caldo de cultivo para la llegada de Donald Trump al poder.