El Gobierno ante las circunstancias excepcionales producidas por la crisis económica derivada del coronavirus puso en marcha una moratoria para que las empresas no tuvieran la obligación de declarar concurso de acreedores cuando presentasen una situación de insolvencia. Tampoco se tendrían en cuenta las peticiones de sus acreedores.

El objetivo era dar un poco de aire a estas empresas y que pudieran remontar con la mejora de la economía. Pero estamos a diez días para el fin de la moratoria del concurso de acreedores y muchas empresas siguen en mala situación. Por eso se espera una avalancha de procedimientos y se está pensando en poner medias encima de la mesa para remediarlo.

Hablamos de más de 130,000 empresas en riesgo de quiebra, lo que además supone la pérdida de muchos empleos. ¿Se podrán salvar si les dan un poco más de tiempo? 

El instrumento fundamental para evitar la avalancha de concursos a los que muchas empresas se verían irremediablemente obligados sería la nueva ley concursal. Ya debería estar lista, pero tiene que pasar demasiados trámites como para pensar que llegará a tiempo.

La ley tiene que validarse en el Congreso, que vaya al Senado y que vuelva nuevamente a las Cortes para su aprobación definitiva. Y esto en apenas nueve días hábiles se antoja, cuanto menos complicado.